El debate sobre la vivienda en España vuelve a evidenciar dos modelos completamente opuestos: el de la propaganda de la izquierda y el de la gestión eficaz que está impulsando el gobierno de María José Catalá en el Ayuntamiento de Valencia.

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue defendiendo una Ley de Vivienda que numerosos medios de comunicación y expertos consideran un fracaso en territorios donde ya se aplica de forma intensiva, en Valencia el gobierno municipal está poniendo en marcha políticas reales para aumentar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda.

En Cataluña, distintos informes y medios han reflejado cómo, tras la entrada en vigor de los controles y limitaciones impulsados por la Ley de Vivienda, se ha reducido el número de contratos disponibles mientras los precios del alquiler continúan tensionados. Menos oferta y más dificultades para acceder a una vivienda: exactamente el efecto contrario al prometido.

Frente a ese modelo fallido, Valencia está demostrando que sí existen alternativas eficaces basadas en la colaboración público-privada, el aumento de la oferta y la seguridad jurídica.

En apenas dos años de gobierno, el ejecutivo de María José Catalá ha puesto en marcha más de 1.000 nuevas VPP asequibles y ya ha entregado 450 viviendas. Además, se ha multiplicado por once la inversión municipal en vivienda y se han activado 18 Programas de Actuación Integrada (PAI) que permitirán desarrollar alrededor de 13.000 nuevas viviendas en la ciudad.

El gobierno municipal también ha impulsado medidas concretas para facilitar el acceso a la vivienda:

• Agencia de Alquiler, para garantizar a los propietarios el cobro y activar viviendas vacías, así como un alquiler asequible. 
• Prioridad en el acceso a vivienda asequible para vecinos con siete años de empadronamiento.
• Ampliación hasta los 45 años de la edad de acceso al alquiler asequible.
• Activación de solares públicos sin uso para vivienda dotacional, especialmente destinada a jóvenes.

Además, el Ayuntamiento ha reclamado reiteradamente al Gobierno de España que desbloquee los solares estatales disponibles en Valencia para construir vivienda asequible, después de ocho años sin promover vivienda pública en la ciudad.

Resulta especialmente significativo que, durante los mandatos de Joan Ribó y los gobiernos de Compromís y PSOE en el Ayuntamiento, únicamente se impulsaran 14 viviendas públicas frente al volumen de actuaciones ya activadas por el actual gobierno municipal.

El modelo de Valencia demuestra que bajar el precio de la vivienda exige construir más, movilizar suelo y facilitar proyectos, no bloquear el mercado ni enfrentar a propietarios e inquilinos.