Abril de 2025. Valencia.  El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha la Oficina Antiokupas, una nueva unidad municipal destinada a prestar apoyo técnico y jurídico a los propietarios de viviendas afectados por la okupación ilegal. Esta iniciativa, impulsada por la alcaldesa María José Catalá, responde a la creciente preocupación ciudadana por este fenómeno, que afecta tanto al derecho de propiedad como al mercado del alquiler.

La alcaldesa ya ha reunido al equipo que trabajará para velar por el buen hacer de la nueva oficina, que dependerá de la Policía Local. Sus principales funciones incluyen la asistencia legal personalizada y la información detallada sobre los diferentes procedimientos judiciales.

Uno de los puntos fuertes de la Oficina Antiokupas será su labor para acelerar los juicios rápidos, mediante la colaboración con otras administraciones, reduciendo así los tiempos de espera para recuperar los inmuebles ocupados ilegalmente. Además, el Ayuntamiento exigirá a los grandes tenedores de viviendas vacías la adopción de medidas de seguridad para evitar futuras okupaciones, dentro de una estrategia integral que combina prevención y respuesta inmediata.

El portavoz, Juan Carlos Caballero, ha destacado que la okupación ilegal es “un problema real y extendido” en toda España. Ha aportado datos recientes: en 2023 se registraron 796 actuaciones de la Policía Local en Valencia por okupaciones, en 2024 fueron 810, y en lo que va de 2025 ya se han producido 144 intervenciones. Según ha indicado, esta tendencia confirma la urgencia de medidas como la puesta en marcha de esta oficina.

El Consistorio ha insistido en que esta iniciativa forma parte de un enfoque integral, que incluye también la mejora de la seguridad en los barrios más vulnerables, la prevención mediante normativa y la cooperación con las fuerzas de seguridad para dar una respuesta más efectiva.

En muchos casos, han recordado desde el Ayuntamiento, las okupaciones generan problemas de convivencia, inseguridad e incluso situaciones de insalubridad en las comunidades afectadas, por lo que se considera imprescindible actuar de forma contundente y coordinada.